Seguimos analizando el Decreto-Ley n.º 66/2015 y hemos encontrado las razones que han tenido en cuenta los reguladores a la hora de desarrollar el marco legal del juego.
El decreto-ley especifica que los políticos portugueses analizaron los modelos adoptados por otros países, quedándose con las «mejores prácticas» regulatorias.
Así mismo, especifican que la regulación es acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea.
Y afirman que el nuevo marco regulatorio es el adecuado para la consecución de sus objetivos: «garantizar la protección de los menores y de las personas más vulnerables, evitar el fraude y el blanqueo de capitales, prevenir comportamientos criminales en materia de juego online y salvaguardar la integridad del deporte, previniendo y combatiendo los amaños de apuestas y de resultados».
Igualmente, los reguladores indican que el nuevo texto les permitirá garantizar la seguridad y prevenir conductas criminales y adictivas.
Como podéis ver, los objetivos de los políticos portugueses coinciden básicamente con los de la DGOJ española, pero la forma de conseguirlos ha sido radicalmente opuesta: liquidez internacional y tributación cero para los jugadores.
La línea que han adoptado es, desde luego, la más favorable para los jugadores y para la industria del juego en su país.