El grupo parlamentario del Partido Liberal Demócrata ha conseguido sacar adelante la ley que permitirá la construcción y explotación de casinos en el territorio nipón, pese al voto en contra de sus socios de gobierno, el partido budista Nuevo Komeito y el resto de la oposición.
Los partidos minoritarios estaban tan decididos a intentar echar abajo esta nueva ley que incluso se propuso una moción de confianza contra el actual primer ministro de Japón, Shinzo Abe. La moción fracasó y la ley superó la votación en las dos cámaras legislativas durtante estas dos primeras semanas de diciembre, dos años y medio después de que se empezara a fraguar la idea.
El proyecto para importar a Japón «establecimientos de juego legal integrados en resorts o en hoteles» tomó forma tras la confirmación de que Tokio iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. La economía japonesa, la tercera del mundo, vive su tercera década de estancamiento. El ejecutivo de Shinzo Abe ha vuelto a fracasar en el intento de sacar a su país de su dinámica negativa de crecimiento nulo, burbuja inmobiliaria y deuda creciente, y está buscando nuevas recetas para atacar el problema.
Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para convertir Japón en destino turístico, y creen que los casinos ayudarán tanto a fortalecer la oferta hacia el exterior como para recuperar las divisas que los turistas japoneses llevan a sitios donde el juego sí es legal, como Macao. Desde el mismo momento en que Tokio ganó la votación para organizar los Juegos y el gobierno admitió estar estudiando permitir la apertura de casinos, ha habido varias compañías muy interesadas en adquirir licencia, como Las Vegas Sands, de Sheldon Adelson.
Era 2014, y Adelson estaba aún intentando vender la moto de Eurovegas. El Comité Olímpico Internacional eligió a Tokio por delante de Madrid, y mucha gente se temió que los japoneses nos habían quitado tanto los Juegos como la inversión en los casinos. Quien esté pensando en construir en Japón tiene una fecha tope, 2020, y no hay compañía que pueda soportar el esfuerzo de levantar a la vez dos proyectos de semejante calibre. Los analistas sospechaban que si al billonario le dieran a escoger entre llevar adelante el proyecto de Madrid y el de Tokio, se quedaría con este último.
No es que la sociedad japonesa sea especialmente reacia al juego. Ni siquiera está prohibido en su totalidad. Existen las apuestas deportivas y también se apuesta en los hipódromos. Las mafias, la famosa Yakuza, han mantenido abiertos locales ilegales durante siglos, y los garitos de pachinko, una modalidad local de juego, se saltan la ley mediante un simple trueque: en el sitio original solo puedes cambiar los puntos por regalos o fichas, pero esas fichas se cambian por dinero en tiendas anexas regentadas por las mismas empresas.
Pero la oposición se agarró a los argumentos de siempre. El miedo a un rampante ascenso de la ludopatía y el crimen, la falta de clientela local, las facilidades para la inversión extranjera o la mala imagen del juego en la sociedad llevan en boca de la oposición desde la primera lectura del proyecto de ley. Nada pudo hacer cambiar de idea al gobierno, que se ha salido con la suya.
Es de suponer que el reparto de licencias será vertiginoso. Los dos años que se han perdido en tomar la iniciativa dejan muy corto margen de tiempo a las empresas interesadas en construir un casino con los Juegos de 2020 en mente. No hay analogía más oportuna que la de una carrera contrarreloj, como las de muchas modalidades olímpicas.
