El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas a la Ley del Juego, que va a regular por primera vez en España las apuesta on-line, en la que se muestra contrario a la privatización del 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y rechaza la creación de la Comisión Nacional del Juego (CNJ) como órgano regulador del sector, según ha adelantado Antonio Gallego, portavoz del partido.

Además, el PP insta a que, en caso de que el Gobierno se niegue a dar marcha atrás en la privatización de LAE, el proceso de valoración para elegir a la entidad que vaya a entrar con hasta un 30 por ciento en Loterías «sea equivalente a un volumen de deuda pública que suponga un ahorro de intereses similar en términos reales a los ingresos perdidos por la hacienda pública» con la privatización.

Por otro lado, el PP se ha mostrado contrario a la creación de la CNJ prevista en el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno y ha abogado por que la regulación del sector quede en la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, «para evitar incrementar el gasto público» con la creación de otro organismo que supondría, a juicio de Gallego, «un coste al Estado perfectamente evitable».

Asimismo, el PP propone sustituir el sistema de otorgamiento de licencias a través de concursos previsto en el proyecto de Ley por el de autorizaciones administrativas, ya que, según el diputado ‘popular’, el modelo previsto por el Gobierno «limita» la entrada de nuevos operadores y no favorece la competencia. Por otro lado, el grupo aboga por que los operadores de juego ‘online’ actuen bajo el dominio ‘.es’ y pide al Gobierno que elabore un plan de lucha para combatir la ludapotía.

Respecto a los nuevos impuestos que van a regular las apuestas por Internet, el PP apuesta por homogenizar el régimen fiscal y administrativos entre el juego on-line y el juego presencial. Además, en otra enmienda pide que se elimine el 20 por ciento adicional que, en el proyecto del Gobierno, las comunidades autónomas podían elevar las tasas a los distintos juegos y que se aplique un régimen fiscal beneficioso a Ceuta y Melilla atendiendo a sus carecterísticas «geosociales».

El grupo también pide equipos especializados para el control del juego, el retorno de una parte de las tasas que se recauden para financiar el deporte en general y el fútbol, así como la eliminación de la obligación a los medios de comunicación de controlar si las empresas de juego que se anuncien en sus plataformas tienen o no licencia.

Por su parte, IU-ICV ha presentado una enmienda para prohibir expresamente a las entidades de crédito y a las empresas de telecomunicaciones tramitar transacciones o dar servicio de las empresas de juego ‘online’ que operen en España sin licencia con el objetivo de acabar con «el juego ilegal» imponiendo «un mayor control sobre los medios de pago».

Asimismo, el grupo propone que si los bancos no bloquean las transacciones o las empresas de telecomunicaciones no cortan Internet a pesar de saber que las empresas a las que dan servicios no tienen licencias sean sancionados, de la misma manera que las empresas que operen sin licencia. Por otra parte, el grupo ha presentado una batería de enmiendas para garantizar la protección de los jugadores con adicción y los menores.

Mientras, el grupo Vasco EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados ha registrado un total de 32 enmiendas al articulado, entre las que destaca su propuesta de cambiar el nuevo modelo de concurso para obtener las nuevas licencias previsto en el proyecto de Ley por un modelo de autorización administrativa similar al que actualmente se utiliza en algunas comunidades autónomas.

Para EAJ-PNV, con el modelo de concurso propuesto en el proyecto de Ley se limitaría el sector a alrededor de cinco licencias, lo que supone que «la mayoría de empresarios españoles de juego privado no podrán obtener una licencia general, con los perjuicios que ello supone».

Por su parte, en sus 15 enmiendas, el Partido Socialista propone que el presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego no puedan ejercer actividad profesional privada relacionada con el sector durante los dos años posteriores a su cese.

Los socialistas creen que el Consejo Superior de Deportes debe ser oído con carácter previo a que el Ministerio de Economía y Hacienda establezca las entidades beneficiarias y las cuantías que éstas reciban procedentes de las apuestas deportivas del Estado.

La Comisión Nacional del Juego, que recaudará y gestionará la tasa por la gestión administrativa del juego, podrá acceder a las bases de datos de las administraciones públicas para evitar el acceso a esta actividad de menores o personas que hayan pedido voluntariamente que se les impida, según plantea el PSOE.

Fuentes: Europa Press/Blog de Laura Guillot