Un juez de New York, llamado James Cott, ha denegado la petición de libertad bajo fianza presentada por Ira Rubin, uno de los 11 encausados por el Departamento estadounidense de Justicia el Black Friday, denunciado por procesar ilegalmente pagos de PokerStars y Full Tilt Poker.
Cott no ha admitido la solicitud argumentando que existe un alto riesgo de fuga. El fiscal Devlin-Brown ha declarado que Rubin ha vivido muchos años en Centroamérica para evitar ser acusado de fraude y que estaba planeando huir a Tailandia justo antes de su arresto.
Rubin pidió la libertad bajo fianza de 300.000$ para poder vivir con sus padres en Florida. No obstante, el Juez Cott le respondió en la audiencia que tuvo lugar el pasado miércoles: «Creo que no tengo otra opción que retener al demandado«.
Rubin tiene antecedentes penales, ya que en 2006 fue denunciado por fraude en un escándalo relacionado con tarjetas de crédito inexistentes que implicó a su empresa, Global Marketing Group. Y en enero de 2008, un juez ordenó el arresto de Rubin, quien, desde entonces, se hallaba huido de la justicia. No obstante, sus malas relaciones con la justicia se remontan a los años 70. Ha tenido que hacer frente a 24 denuncias criminales en los estados de Nevada, Massachusetts, Missouri, Florida, New York y Virginia.
El fiscal ha descubierto que el 15 de abril, el día en que se hicieron públicas las denuncias relacionadas con el poker online, Rubin planeó un vuelo de Guatemala a Costa Rica, con la intención de llegar hasta Tailandia. Rubin fue detenido en Guatemala y llevado a los EE. UU. ese mismo mes. Devlin-Brown también ha comentado que Rubin le dijo a un compañero en la cárcel que quería conseguir en Guatemala un pasaporte falso.
En cambio, el abogado defensor de Rubin, Stuart Meissner, respondió que el viaje a Guatemala había sido planeado previamente por su cliente.
Rubin ha de hacer frente a los siguientes cargos: violación de la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), desarrollo de actividades económicas ilegales, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La acusación solicita para él una pena de 30 años de prisión.
