Tras Brasil, Ecuador se acaba de convertir en el segundo país latinoamericano en el que juego va a estar prohibido. El presidente Rafael Correa manifestó tras la votación que aprobaba la ilegalización que la supresión de los casinos sería gradual y podría demorarse entre uno y dos años.
Según fuentes estatales, la medida tiene como objetivos crear «un ambiente más sano» para los jóvenes y evitar la extensión de la ludopatía entre los adultos. Así mismo, pretende evitar que los casinos sean uno de los centros en los que el crimen organizado del país andino realiza actividades de blanqueo de capitales.
La medida ha suscitado múltiples reacciones.
La Asociación Nacional de Propietarios y Administrados de Salas de Juego de Ecuador (Anpasju) ha manifestado que la prohibición llevará a la apertura desalas de juego clandestinas, que fomentarán las actividades mafiosas y tendrán efectos contrarios a los esperados por el gobierno. Además, la Asociación ha indicado que la decisión del Ejecutivo supondrá la pérdida de 25.000 puestos de trabajo directos y de 40.000 indirectos, lo que tendrá una influencia muy negativa para la economía del país. Por ello, han pedido al Gobierno que cambie de orientación e inicie el diálogo con los agentes del sector.
Por otra parte, la Asociación de Casinos y Bingos de Ecuador ha mostrado públicamente su indignación con las acusaciones vertidas por el gobierno en relación con el hecho de se den actividades de blanqueo de capitales en los casinos. Su vicepresidente, Jorge Castro, ha afirmado que los 32 casinos del país son controlados de cerca por la Unidad de Análisis Financiero. Y ha recordado que los casinos legales aportan anualmente 12 millones de dólares en impuestos a la Hacienda Pública ecuatoriana.
El Gobierno ha prometido dar trabajo a los empleados de los establecimientos ilegalizados, pero estos no tienen apenas confianza en sus dirigentes.
Tendremos que esperar unos cuantos meses para comprobar cómo evoluciona la prohibición del juego en Ecuador.
