A día de hoy, los distintos medios de comunicación cuantifican en medio centenar las empresas dispuestas a realizar los trámites oportunos, a partir del próximo 16 de noviembre, para conseguir licencias de juego en España. Entre ellas, se encuentran operadores tradicionales del juego tanto presencial como online, y también medios de comunicación y compañías de comunicaciones.
Mientras se acerca el plazo, los implicados siguen haciendo públicas sus actividades y reacciones.
Durante los últimos días, dos entidades de referencia en la industria española del juego, Codere y Aedapi, han criticado las prisas del actual gobierno socialista por poner en vigor la nueva Ley de Regulación del Juego.
El Grupo Codere es una multinacional española que se dedica a la gestión de terminales de juego, bingos, salas de apuestas, casinos e hipódromos, tiene implantación en 8 países de Europa y América, cotiza en Bolsa y emplea a unas 20.000 personas.
En recientes declaraciones a Efe, su secretario general, Rafael Catalá, ha afirmado que la Ley del Juego fue tramitada «con mucha prisa y escaso reposo«.
Así mismo, ha compartido su preocupación sobre el hecho de que la urgencia con que el gobierno quiere aprobar 3 reales decretos y 11 órdenes ministeriales, y resolver decenas de solicitudes de licencias puede generar «errores«, ya que la administración no va tener el tiempo suficiente para comprobar la cualificación de las empresas solicitantes.
Además, Catalá se ha mostrado muy molesto por el diferente trato que, en su opinión, recibe -y seguirá recibiendo tras la puesta en vigor de la ley- el juego presencial respecto al online.
Por otra parte, la Aedapi también ha realizado declaraciones a Efe sobre las prisas del gobierno para poner en vigor la regulación.
La Aedapi (Asociación Española de Apostadores por Internet) es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es actuar contra la discriminación y fomentar una regulación positiva que permita desarrollar un mercado regulado, abierto y seguro para los usuarios del juego por Internet y con libre competencia.
Su vicepresidente, Juan Barrachina, ha hecho manifiestos sus recelos contra la celeridad del proceso y la posibilidad de que se cometan errores en la concesión de licencias de juego, en perjuicio del sector y, sobre todo, de sus usuarios.
Barrachina también ha centrado sus críticas en los elevados tipos impositivos que habrán de pagar las empresas habilitadas.
Mientras tanto, el gobierno sigue dando pasos a toda prisa hacia el inicio de la regulación. Ayer publicó un buen número de documentos de trabajo y de resoluciones en el sitio web del Ministerio de Economía y Hacienda:
- Entre los primeros, encontramos textos elaborados por la Dirección General de Ordenación del Juego que afectan a los procedimientos de homologación de las certificaciones de los sistemas de software de los operadores de juego y que establecen la convalidación de las licencias que otorguen las Comunidades Autónomas a las empresas que quieran operar online.
- Así mismo, se ha publicado el borrador del documento de trabajo para el Consejo de Políticas de Juego en relación al Registro General de Interdicciones de acceso al juego.
- También se ha hecho público el borrador del proyecto sobre el importe de garantías adicionales que deberán presentar los operadores que quieran obtener licencias singulares de juego.
- Y se ha publicado el proyecto de resolución sobre el contenido mínimo de las inscripciones provisionales en las sección especial de concurrentes del Registro General de Licencias de Juego.
