Ayer, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha tomó una decisión que, de tener seguidores, podría cambiar la historia del poker en España.
A iniciativa del gobierno popular, y con el voto en contra del PSOE (y la oposición de los casinos), la cámara castellano-manchega aprobó la nueva Ley del Juego y las Apuestas autonómica, un texto cuya principal repercusión es la legalización de los clubes de poker (llamados «establecimientos de juego«) en dicha región.
El Consejero de Hacienda del ejecutivo presidido por Dolores de Cospedal, Arturo Romaní, declaró tras el trámite parlamentario que la ley anterior estaba «obsoleta» y que la nueva «encaja perfectamente con los intereses de los jugadores, de los empresarios y de los ciudadanos en general«. Romaní se ha mostrado convencido que la nueva regulación autonómica garantizará la seguridad del juego en sus distintas modalidades, defenderá la libertad de los ciudadanos para jugar o no, promoverá los intereses de los empresarios y permitirá incrementar considerablemente los ingresos tributarios procedentes del juego.
Tras la aprobación de la ley, se pondrá en marcha un proceso de desarrollo reglamentario que permitirá en un plazo aún difícil de prever la creación de un buen número de clubes de poker.
Hasta ahora, los aficionados castellano-manchegos al poker en vivo tenían que salir de su comunidad autónoma para poder jugar algún torneo o sentarse en las mesas de cash presenciales. Habían de ir a Aranjuez, Madrid o Alicante, las ciudades que tienen los casinos más cercanos. No obstante, pronto se van a convertir en los españoles más envidiados por los demás fans del poker, ya que podrán jugar en los clubes, sin tener que ir a los casinos y pagando buy-ins asequibles para todos los bolsillos.
Ojalá los políticos de otras comunidades y del gobierno estatal tuviesen las cosas tan claras como los castellano-manchegos. ¡Chapeu por ellos!
