En el anterior artículo de esta saga dedicada al proceso de regulación -al que inevitablemente estamos asistiendo en el sector del juego online-, hablé sobre los grandes problemas que se avecinan y que poco a poco se van confirmando: descenso de tráfico, la carga impositiva, los monopolios estatales o la presión del sector offline…
Teniendo en cuenta esas dificultades es momento de tratar dos aspectos que considero van a ser importantes para definir el futuro del proceso que va a llevar al poker online a una situación mucho más transparente de la que tenemos hoy en día (transparente sí, pero dura y difícil también).
a) El papel de las Comunidades Autónomas ( según lo que se desprende del Proyecto de la Ley de Juegos y Apuestas de Catalunya)
b) El papel del Estado (según lo que se desprende del Anteproyecto de la Ley de Regulación del Juego)
El papel de las Comunidades Autónomas
Todos sabemos que las Comunidades Autónomas regulan la mayor parte de materia relacionada con el juego. En las décadas de los 80 y de los 90 la gran mayoría de CCAA han aceptado de buen grado el traspaso de competencias en materia de casinos, juegos y apuestas (especialmente en lo que a cargas impositivas se refiere). Evidentemente hace 30 años, el juego era un concepto mucho más limitado de lo que es ahora. Así que poco a poco los Estatutos Autonómicos han ido adaptándose a la realidad y se ha ido reuniendo un marco legal autonómico bastante heterogéneo y complejo.
Así que en cualquier Estatuto Autonómico encontraremos en el capítulo de competencias exclusivas las materias de juego, apuestas y casinos incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos siempre y cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en la comunidad….
Evidentemente las Comunidades Autónomas no quieren perder la oportunidad de recaudar muchos impuestos por lo que se están apresurando en presentar proyectos de ley que sirvan para definir claramente acciones en los temas relacionados con apuestas y juegos de azar. El más significativo que he leído es el Proyecto de la Ley de Juegos y Apuestas de Catalunya. En base a él me atrevo a opinar en esta parte del artículo.
Hay que tener en cuenta que el papel de las CCAA es clave y que igual que sucede en Alemania con los landers, es donde más problemas pueden surgir en un proceso de regulación. Así que para evitar conflictos, los portavoces del Estado ya se han apresurado a decir que intentarán recaudar más impuestos de los inicialmente previstos porque lo importante es que las CCAA tengan ingresos y reciban beneficios rapidamente. La excusa para esta generosidas es evidente ya que siempre se dice que el objetivo de las CCAA es simplemente recaudar impuestos relacionados con el juego para destinarlos a «fines sociales»…
Es por ello que el papel de las CCAA no va a ser tan problemático en cuanto al ámbito de actuación y a la posibilidad de que haya diferencias radicales entre regiones es prácticamente nila. En lo que van a influir (desgraciadamente) es como lobby de presión y se van a convertirse en la causa de que la carga impositiva a salas y jugadores sea más elevada que la que tienen franceses e italianos.
El papel del Estado: Anteproyecto de la Ley de Regulación del Juego
Mucho podríamos hablar de este Anteproyecto de Ley que fue presentado en Consejo de Ministros por Elena Salgado hace poco más de un mes. Pero lo importante es que en este documento se confirma que será la norma que regulará las modalidades de juego que se desarrollen en el ámbito estatal, especialmente las realizadas a través de Internet. Es decir que por primera vez se da a entender que Internet es el objetivo principal de la futura ley.
En principio el Anteproyecto presta especial atención a temas sociales como la protección de colectivos de riesgo (menores y ludópatas) y confirma el nacimiento de un órgano regulador independiente (risas).
En este documento se pretende reunir toda normativa aplicable cuando las actividades de juego tengan lugar en un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma. Es decir, se insinúa que el peso de las Comunidades Autónomas no va a ser tan importante como ya hemos dicho en el primer apartado del análisis. Pero evidentemente se va a respetar el marco de competencias fijado previamente por las CCAA
En este Anteproyecto se confirma que será imprescindible contar con una licencia para operar y que vinculará al operador a cumplir con una serie de requisitos aún por definir. Otra acción destacada es la creación de un órgano regulador al estilo de la AAMS italiana y la ARJEL francesa. Este órgano velará por el cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, por la concesión de licencias y autorizaciones, por garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y por el cumplimento de la normativa vigente. Pero también se ocupará de las sanciones y de coordinarse con las CCAA y sus órganos propios.
Teniendo claros estos datos podemos analizar aspectos como las consecuencias reales que tendrá este «doble juego»: el elevado sistema impositivo que se va a crear y que va a castigar a operadores y jugadores y la abusiva situación de privilegio con la que saldrán los operadores públicos (LAE) que va en contra de cualquier principio de libre competencia.
