El rotativo Cinco Días publica hoy en su edición impresa un nuevo artículo sobre la nueva Ley del Juego, que entra en la recta final.

En las líneas, que firma C.G.Bolinches, podemos leer que «hoy se reúne, a puerta cerrada, la ponencia que en el Congreso de los Diputados trata de sacar adelante un texto lo más consensuado posible. Aunque, a priori, los grupos parlamentarios siguen sin llegar a un acuerdo que deje satisfechas a todas las partes».

El texto continúa, «la mayoría de grupos parlamentarios son partidarios de modificar la redacción actual. Por ejemplo, el PNV propone disminuir los tipos impositivos, que oscilan entre el 10% de los ingresos netos en las combinaciones aleatorias y el 25% en las apuestas y juegos de contrapartida o cruzados (contra otro apostante). Este último porcentaje es el que más preocupación genera entre las empresas, partidarias de rebajarlo hasta el 20% para hacerlo, a su juicio, atractivo respecto a otros países».

Bolinches explica en su artículo que «el Ejecutivo también recalca que la nueva Ley del Juego da entrada a las comunidades autónomas en la regulación del nuevo impuesto, «entre otras formas, permitiendo que proponga subidas de los tipos establecidos en su territorio cuando se den determinadas circunstancias (…), ya que va a ser un ingreso de las de las propias CC AA».

En cuanto a las concesiones de licencias a los operadores, el periodista dice lo siguiente «grupos como el PNV, PP o CiU han tratado de modificar el texto para sustituir el sistema de concurso por la simple concesión de licencia administrativa. Pero el Gobierno no tiene intención de modificar el procedimiento, aunque podría haber sorpresas en cuanto al número de licencias. A priori, la intención del Ejecutivo era limitar el número de estas a solo cinco. Estas podrían elevarse hasta entre 35 y 50.

Por último, el redactor escribe que «la Asociación Española de Apostantes por Internet (Aedapi), en la que se reúnen distintas casas de apuestas online, se defiende asegurando que ‘en internet quien decide es el usuario’. Considera que «bajo un tipo de régimen transitorio de cierre de operaciones, se favorecerá que los usuarios opten por productos no regulados fuera de la protección necesaria».

Aquí están las enmiendas presentadas en el Congreso.

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