Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contienen una rebaja fiscal al juego. De manera general, la tasa se reduce del 25% del GGR al 20%, aunque la ley contiene una variación mucho más importante que ya tratamos en su día.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pueden aplicar una rebaja extra del 50%, lo que las convierte de facto en una alternativa muy atractiva a Malta y Gibraltar. El nuevo paraíso fiscal del juego en Europa.
Desde la entrada en vigor de los Presupuestos, en julio, los Gobiernos Autónomos han estado en conversación con diversas empresas a las que podría interesar la posibilidad de acogerse a este nuevo tipo fiscal del 10%. Según elfarodeceuta.es, «la Administración autonómica, a través de la Sociedad de Desarrollo PROCESA, ha proporcionado a las empresas operadoras un resumen de las ventajas comparativas que ofrece la inversión y residencia en Ceuta desde el punto de vista fiscal del REF, de los incentivos y ayudas a la inversión y a la formación y a la contratación de personal, sobre dotación de infraestructuras y posibles emplazamientos y en relación con servicios que puedan encontrar en Ceuta quienes decidan trasladar a la ciudad su negocio».
En otras jurisdicciones, el objetivo de establecer estos paraísos fiscales es simplemente obtener ingresos extra canalizando nuevos tributos. Estas zonas de fiscalidad reducida se limitan a domiciliar a compañías por medio de una ingeniería empresarial por la que un bufete de abogados puede ejercer de testaferro de cientos de empresas que tienen en el país poco más que un apartado de correos. En el mejor de los casos, incluso en España, multinacionales que se han interesado por aprovechar otras tasas especialmente ventajosas se han limitado a pagar el alquiler de una oficina con una dotación mínima de personal para justificar su domiciliación en el país.
Por eso, en el transcurso de esta ronda de contactos entre administraciones y empresas ha surgido, desde Ceuta, la necesidad de garantizar que cualquier operador que busque ahorrarse impuestos contribuya al objetivo de invertir en empleo.
La medida que se está contemplando es la de exigir que «al menos un 50% del personal de la empresa en España esté radicado en Ceuta, y que dicho personal suponga al menos el 50% de los costes de personal en nuestro país». En concreto, Ceuta «ha avanzado que está dispuesta incluso a modificar a la baja los tipos aplicables al juego del IPSI», el impuesto indirecto que grava la importación y elaboración de bienes y la prestación de servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, «al tener la consideración de iniciativa estratégica para atraer inversión y empleo».
Pero para eso, el arraigo de la empresa en la ciudad debe ser tangible.
