El pasado 30 de marzo, el gobierno publicó un Real Decreto que introducía diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficil público. Una de dichas iniciativas ha generado una gran controversia: la amnistía fiscal.
En un principio, todo apuntaba a que las empresas del sector del juego podrían beneficiarse de dicha amnistía, lo que significaba que podrían tributar al 10% y evitar las responsabilidades penales que pudiesen derivan del impago de impuestos desde 2007.
Pues bien, su gozo en un pozo. Las empresas que han ofrecido servicios de juego y apuestas online en España durante los últimos años han comenzado a recibir comunicaciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y ello les impedirá acudir a la citada regularización fiscal.
El referido organismo va a valorar y a reclamar el dinero que dichas empresas deberían haber pagado en los últimos cuatro ejercicios por impuestos como el de sociedades o el IVA. Las compañías que no regularicen su situación fiscal no podrán obtener una licencia para poder operar en España.
Así mismo, la ONIF tampoco va a permitir que dejen de pagar los impuestos atrasados las empresas que han cambiado su nombre a la hora de solicitar la referida licencia de juego (como bwin, que ha pedido autorización como ElectraWorks).
La ONIF depende de la Agencia Tributaria y no tiene relación con la Dirección General del Juego. Su director, Enrique Alejo, ha aclarado que las investigaciones fiscales no dependen de él y que la entidad que lidera va a tener en consideración en sus decisiones la protección de los menores y las personas vulnerables, así como la prevención del fraude y el blanqueo de capitales.
