La actuación policial del pasado viernes 2 de mayo en el Club dâ€Escacs Eixample de Barcelona -dejando a un lado el evidente mal trago por el que tuvieron que pasar los allí presentes- pudiera y debiera ser el primer paso en el camino, sin duda largo y farragoso, que condujera a la «normalización» del póquer en España.
El desagradable incidente, más allá de las consideraciones que pudieran hacerse sobre la exagerada actuación de los Mossos dâ€Esquadra o el evidente sesgo con el que se trató la información en los distintos medios de comunicación, puso en evidencia que la actual situación legal del póquer en Cataluña, y en todo el estado español, dista mucho de ser la más adecuada atendiendo a los criterios básicos que debieran regir un estado democrático. Porque, finalmente, aquí sólo estamos hablando de leyes; de buenas o malas leyes. Que la celebración de un torneo de Texas Holdâ€em en un club de ajedrez es un acto ilegal -en estos momentos- parece que está fuera de toda duda. Esperemos que las alegaciones que se han presentado ante los organismos competentes que han de evaluar el hecho sirvan para poner la situación en perspectiva y que las sanciones, en el caso de que las hubiera, sean de la menor cuantía.
Se han escuchado, durante estos días, dentro de la comunidad del póquer, argumentos que respaldan la acción de la justicia alegando que las leyes están para cumplirse o que hechos como este perjudican la imagen del juego y los jugadores ante la sociedad. Ambas reflexiones tienen un punto de verdad y muchas zonas grises. Las leyes están para cumplirse -suponemos que ninguno de los que utilizan este argumento aparca jamás en doble fila y paga hasta el último céntimo de euro de los impuestos que le corresponden- pero también están para ser modificadas en los casos en los que la sociedad así lo demande. Son precisamente esas leyes -esas malas leyes- las que obligan a los jugadores que no poseen o no les apetece gastarse las cantidades de dinero necesarias para jugar en un casino (los únicos establecimientos en los que está permitida la práctica del juego) a buscar esas fórmulas alternativas para poder disfrutar de una simple partida de cartas.
El objetivo, ambicioso pero no irrealizable, parece claro que pasa por modificar el actual marco legal. Para ello, hay dos ámbitos de actuación sobre los que habría que trabajar. Uno es el de la «imagen social», importantísimo cuando hablamos de cambiar leyes, y el otro, la búsqueda de instrumentos de actuación ante las Comunidades Autónomas que, en España, tienen las competencias en materia de juego.
En el ámbito legal -aquí voy a hablar con todas las precauciones que exige el desconocimiento de las leyes- y con las actuales normativas, supongo que es cuestión de tiempo, y ganas, que el asunto termine en el Tribunal Constitucional. Entre los cometidos de esta institución está «la última interpretación de los preceptos constitucionales, señalando la extensión y limites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político» (Wikipedia). A cualquier estómago con las mínimas dosis democráticas se le atragantaría una situación como la actual, en la que a un grupo de ciudadanos no se les permite jugar una partida de póquer en una vivienda privada. Pero bien, como he mencionado anteriormente, el proceso hasta conseguir que esto cambie será largo y tortuoso.
En un escenario más sensato, y este debería ser el camino a seguir, el póquer, al igual que otros juegos (la consideración de deporte me parece un tanto arriesgada), debería poseer unas estructuras básicas como serían un Federación que respondiera a los intereses de los jugadores ante las instancias políticas y un engranaje de asociaciones (este paso ya ha comenzado) que sirviera de impulso para la práctica del juego y funcionara como correa de transmisión entre los jugadores y la Federación.
Respecto a los clubs de póquer que formaran las asociaciones, parece también lógico que debieran responder a una normativa que estableciera límites sobre las cantidades de dinero que podrían ser jugadas. Este punto responde, desde mi punto de vista, a velar por la seguridad de los propios jugadores. Un club de póquer donde se organizara un torneo con una inscripción elevada podría ser un goloso reclamo para delincuentes. La cuestión pasaría por consensuar con las administraciones las cantidades que podrían ser manejadas en estos locales.
Para dinamizar los procesos legales y sociales hay un eslabón fundamental al que el mundo del póquer debería comenzar a prestar atención: los políticos. Ellos tienen la llave que abre los candados que pretendemos desbloquear y ha llegado el momento de comenzar a llamar a algunas puertas. Nuevamente las asociaciones tienen un trabajo que realizar a este respecto.
Sin ir más lejos, en Madrid se ha dado en este momento un hecho insólito que la comunidad del póquer no debería dejar pasar de largo. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado en diversos medios de comunicación su afición a los naipes, recurriendo a terminología del juego para manifestarse respecto a las actuales disputas internas del Partido Popular. Pudimos verlo, sin ir más lejos, en su comparecencia en el programa de Televisión Española 59 segundos del pasado 21 de abril, donde se definió como jugadora de póquer.
Aquí tenemos una oportunidad excepcional de actuar en el ámbito político. Sería cuestión de lograr algún tipo de manifestación de la señora Aguirre respecto a la legislación sobre póquer en la comunidad que gobierna. No creo que una persona como ella, adalid del pensamiento liberal en nuestro país, esté muy de acuerdo en que las instituciones puedan legislar sobre qué juegos de cartas puede una persona practicar en el ámbito privado, cosa que ocurre en este momento.
Imaginemos una hipotética rueda de prensa de la señora Aguirre en la que alguien pudiera deslizar la siguiente cuestión:
«Señora Aguirre, voy a asumir que usted ha cometido ilegalidades en repetidas ocasiones como jugadora de póquer declarada, porque… ¿qué opina usted sino del hecho de que en la actual legislación de la Comunidad de Madrid no esté permitida la práctica de este juego en su propio domicilio?«
Aunque sólo fuera por la curiosidad de la pregunta, y la difícil respuesta a la que estaría abocada la señora Aguirre, es bien seguro que los medios de comunicación se harían eco de la cuestión y serviría presentar el asunto ante la opinión pública. Y más en este momento en el que parece que las televisiones comienzan a prestar atención al juego en España.
Este es un ejemplo del tipo de actuaciones que habría que acometer y que pasan por «visibilizar» la cuestión del póquer en sus aspectos más paradójicos. Esperemos que la recientemente creada Asociación Española de Póquer Deportivo, y las distintas iniciativas similares que se desarrollen, sirvan como motor que impulse los cambios que nuestra comunidad necesita. Sólo nosotros, los jugadores, podemos remover el estado de la cuestión y lograr un nuevo marco legal para el póquer en España.